El discurso

Madrid, 25. Agencias.

El presidente del Gobierno afirmó hoy que la legalización del asesinato, la violación y la tortura "fortalece la democracia" e "iguala a los españoles en derechos y garantías civiles".

En declaraciones hechas a Radio Nacional de España, el presidente lamentó que "durante tantos años violadores, sádicos y asesinos hayan tenido que desarrollar sus vidas en condiciones de marginalidad" para después celebrar que se haya puesto fin a "una situación de clara discriminación", según sus palabras.

Sobre los colectivos que han mostrado su rechazo a esta medida en las calles, así como los ciudadanos que han expresado su descontento en las redes sociales, el presidente opinó que se trata de "sectores inmovilistas" que, a su juicio, "dicen no a todo". En palabras del mandatario, "los que se oponen a la legalización del asesinato son los mismos que han visto mal durante tantos años las políticas de reinserción de nuestro sistema penitenciario, que hoy se han visto culminadas con esta nueva normativa", la más avanzada de Europa según la valoración del Gobierno.

Al ser consultado sobre las virtudes y bondades de esta nueva legislación, el catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Andalucía ha valorado "que por fin se iguale la situación en las calles con lo escrito en las leyes". Desde el punto de vista de este experto, "la Justicia llevaba años dedicando todo tipo de esfuerzos a la atención y cuidados del criminal: psicólogos, facilidades para el estudio, reinserción laboral y la estancia más cómoda posible en la cárcel". Según la apreciación del profesor, "a nuestro país le sale más barato legalizar directamente los crímenes que tener que gestionar todo eso".

Las asociaciones de víctimas se han mostrado escandalizadas. A las críticas de los familiares de asesinados y las mujeres violadas, el ministro del Interior ha contestado que "llevamos treinta años prestando más atención al asesino que a la víctima, ¿por qué se quejan precisamente ahora?", pregunta a la que él mismo ha respondido que "todo obedece al interés de ciertos sectores políticos y sociales por desprestigiar los logros de este Gobierno".

La oposición, que ha evitado darse por aludida a este respecto, ha calificado la medida como "un avance" pero "insuficiente". "Es preciso", declaró un diputado que prefirió ocultar su nombre, "potenciar las opciones económicas de este nuevo sector con incentivos al hampa como actividad empresarial". En su opinión es "terrible" que el homicidio y el abuso sexual estén "monopolizados" por la mafia, lo cual lo convierte en "una actividad de economía sumergida".

Los criminales, por su parte, se han mostrado efusivos con celebraciones espontáneas en todas las plazas de Madrid, Barcelona y otras ciudades importantes. El secretario general del Sindicato Nacional de Sicarios (SNS) ha dicho que es "un día histórico para los delincuentes" ya que por fin podrán salir "de los rincones más oscuros de la sociedad" para pasear a la luz del día. "Ya éramos prioritarios para el sistema judicial en la práctica", se ha felicitado, "pero resultaba lamentable que la legislación no reflejase esa situación de liderazgo", criticó.

Por su parte, el ministro de Justicia concluyó anunciando una nueva medida estrella para la próxima legislatura que consistirá "en la sustitución de todos los jueces por psicólogos". En un apunte a vuela pluma ha explicado que el juez es "una figura anacrónica" y que, en la práctica, "el psicólogo ya decide quién es culpable y quién inocente de según qué cosas". Supeditó, no obstante, la aplicación de esta medida al resultado de las próximas elecciones.

También evitó contestar a preguntas sobre el posible despido de 70.000 policías, aunque admitió que "con los criminales convertidos en ciudadanos de pleno derecho, habrá que replantear el trabajo de mucha gente".